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Aborto no punible: idas y venidas del gobernador de Salta

Aborto no punible: idas y venidas del gobernador de Salta

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    Aborto no punible: idas y venidas del gobernador de Salta

    Tras las críticas que recibió su desafío a la Corte Suprema por su negativa a implementar el aborto no punible en la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey firmó un decreto para que sus ministros implementen una guía para casos de abortos no punibles. Allí les ordena incluir una exigencia no contemplada por la Corte.

    El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dio marcha atrás en su decisión de exigir una autorización judicial para la realización de un aborto en casos de violación. Tras la ola de repudios y cuestionamientos que recibió por ese anuncio, ayer firmó el decreto 1170/12 en el que instruye a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos de la provincia para que “de forma inmediata” elaboren e implementen “las guías de procedimiento necesarias para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles”, de acuerdo con la interpretación que dio del artículo 86 inciso 2 la Corte Suprema de Justicia. Pero Urtubey pretende imponer una exigencia que no está contemplada en la sentencia del máximo tribunal. De acuerdo con el decreto, si no hay denuncia penal voluntaria será un requisito para acceder a la interrupción legal de embarazo en Salta que la declaración jurada, en la que quede asentado que la mujer fue violada, se realice en el ámbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio Público.

    “Si interviene un asesor tutelar se está agregando un paso más y según la Corte imponer otros requisitos a los establecidos en su fallo implica obstaculizar el aborto no punible. Para que su acceso sea acorde con los principios constitucionales y los tratados internacionales, el máximo tribunal fijó los estándares que se deben cumplir”, advirtió en diálogo con Página/12 la abogada Raquel Asencio, especializada en derechos humanos de las mujeres.

    Para la abogada Tania Nieves Kiriaco, coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, “la intervención del asesor oficial ya es una intromisión del Poder Judicial”. “De algún modo se judicializa la decisión de las mujeres vulnerando su derecho a la intimidad”, dijo Kiriaco a este diario.

    La abogada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Agustina Ramon Michel, señaló que las autoridades de la provincia al momento de regular la atención deberán justificar las razones para agregar ese requisito adicional y en qué medida contribuye a mejorar la atención de las mujeres que han sido violadas. “Si no lo hace, es un requisito irrazonable y en la medida que afecta los derechos a la salud y a la privacidad, y puede frustrarlos, deviene inconstitucional”, puntualizó Ramon Michel. En el decreto se establece que “no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo”. Se busca evitar que haya “casos fabricados”. Sin embargo, Asencio explicó que la sentencia de la Corte dice que es suficiente con que la presente ante el médico. Ramon Michel precisó que los médicos no tienen la responsabilidad de determinar si efectivamente el embarazo que se quiere interrumpir fue producto de una violación. “A los médicos que reciben la declaración jurada justamente no se les asigna la función de policía de comprobar que la mujer no está mintiendo”, agregó. En la medida en que realicen el aborto teniendo esa declaración jurada estarán cubiertos de cualquier demanda aun cuando se trate de un “caso fabricado”.

    Al mismo tiempo, la abogada del Cedes recordó que “la mayoría de los casos que se han conocido de mujeres que han resultado embarazadas en una violación son de adolescentes que han sufrido un abuso sexual a lo largo del tiempo: ¿qué pretenden comprobar? Por las características propias del abuso sexual no suele haber resistencia física”.

    En el decreto también se aclara que en las guías que se implementen se dejará “a salvo –expresamente– el derecho de los profesionales médicos a ejercer su objeción de conciencia”. Y se establece que en caso de existir una denuncia penal –realizada voluntariamente por la víctima o su representante legal–, según corresponda, “la misma será instrumento suficiente para dar por autorizada la práctica prevista en el artículo 86, inciso 2, del Código Penal”.

    Urtubey es conocido por sus posturas conservadoras alineadas con la jerarquía católica. El gobernador rechaza la educación sexual integral, que es política del Ministerio de Educación de la Nación, y elige que se dicte catecismo en forma obligatoria en las escuelas públicas; además, nunca reglamentó la ley de sexualidad responsable, y en consecuencia el programa de salud reproductiva de la provincia no tiene presupuesto propio, no hay consejería en anticoncepción en la mayoría de los centros de salud y hay médicos del sector público que se niegan a colocar DIU o a hacer una ligadura de trompas si las mujeres son jóvenes. El miércoles anunció que no acataría el fallo de la Corte Suprema que fijó la interpretación correcta del derecho a un aborto no punible en casos de violación. Y llegó a decir que los hospitales en Salta sólo realizarían abortos no punibles “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”, en abierto incumplimiento de la reciente sentencia del máximo tribunal que estableció que exigir ese aval resulta “ilegal” y “arbitrario”.

    El pronunciamiento de Urtubey fue duramente criticado por referentes de organizaciones de mujeres a nivel local y nacional, y de la política. Desde la mañana y antes de darse a conocer el decreto, distintas voces se pronunciaron en su contra. Entre ellas el líder de Nuevo Encuentro, el diputado Martín Sabbatella, dijo que “la actitud del gobernador Urtubey de rebelarse contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia excede el marco de una interpretación jurídica y se parece a un acuartelamiento de parte de un dirigente conservador y antidemocrático”.

    Organizaciones salteñas también salieron a cuestionar la decisión de Urtubey de exigir una autorización judicial como requisito para que se lleve adelante un aborto no punible. “Judicializar las solicitudes de interrupción del embarazo contempladas en el Código Penal implica una revictimización de la mujer solicitante y un caso de violencia institucional como lo establece la Ley Nacional 26.485. El derecho al aborto no punible está legislado en el Código Penal y su interpretación establecida por la Suprema Corte. Exigimos las condiciones en Salta para hacerlo efectivo”, señalaron temprano diversas organizaciones salteñas, entre ellas la Multisectorial de Mujeres, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, Cladem, el Observatorio para la Promoción de Derechos de la Diversidad Sexual, y la Red PAR.

    “Una vez más Urtubey demuestra que está muy lejos de considerar los derechos de las mujeres como parte de su política de Estado”, dijo la abogada Laura Postiglione, de Libres del Sur, y responsable de Las Juanas en Salta. “Demorar y poner trabas en la realización de un aborto no punible es ilegal, pero también es inhumano. Es atentar contra la dignidad de las mujeres que ya han sufrido un abuso, y que en muchos casos se trata de niñas y adolescentes”, agregó Postiglione.

    Por la noche, desde la gobernación se emitió un comunicado de prensa en el que adelantó el contenido del decreto 1170/12, por el cual Urtubey instruye a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos para que “elaboren las guías de procedimientos necesarias” para garantizar la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos, “estableciendo como autorizada la práctica” con “la presentación de la denuncia penal o la declaración jurada con asistencia del defensor oficial de asesores de menores e incapaces, según corresponda”.

    En los considerandos del decreto, Urtubey señaló que si bien es competencia de la Corte la interpretación de leyes de fondo, “los fallos judiciales en el sistema constitucional de la República sólo tienen efectos obligatorios para el caso concreto. De allí entonces, que la exhortación formulada por el Tribunal constituye una recomendación y, como tal, no tiene fuerza imperativa para las autoridades provinciales, menos aún en cuanto establece normas procedimentales, v.g., la declaración jurada, prevista como medio de acreditación del delito”.

    A los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos les ordena “implementar de manera inmediata, las medidas administrativas que correspondan a fin de contar con las guías de procedimiento destinadas a brindar a la víctima la asistencia integral que la situación requiere y, a la vez, otorgarle el ámbito de contención necesario para que, de manera rápida y segura, pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, en los supuestos del citado artículo del Código Penal”.

    Fuente: Página/12 :: El país :: El derecho a decidir tiene cláusula especial en Salta
  2. Avatar de ZeKKi
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    Estúpido país donde la decisión irresponsable propia de la voluntad de un único individuo que es un gobernador local tiene mayor peso que la decisión de la justicia nacional. Estúpido país.
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  3. Avatar de pablovortixe
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    #3
    y mas aun a sabiendas de que el Gobernador en cuestion, es un completo estupido.

    ...y hasta hace un tiempo este pelele era "la promesa joven para la presidencia".


    Con Urtubey, gobierna el Opus Dei.
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    #4
    Chicos, a este gobernador lo eligieron los salteños. Y yo creo que representa bastante el pensamiento popular de la región. Son ultra católicos ortodoxos en Salta (no todos, por supuesto). Culturalmente tienen formas del 1800. No digo que esté justificado pero, lo eligió el pueblo para representar sus intereses. Nosotros podemos criticar lo que queramos, pero habría que ver cuáles son los intereses del grueso de los salteños.
  5. Avatar de ZeKKi
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    #5
    Las normas locales no pueden contradecir a la justicia nacional! Una cosa es la autonomía, otra es el disparate, es lo mismo con Hallu y con el regimen jubilatorio de la UBA vs el regimen jubilatorio Nacional y la autonomía universitaria.

    La autonomía no es el permiso de hacer reglas que contradigan a las nacionales.
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  6. Avatar de pablovortixe
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    #6
    Culturalmente los salteños, como buenos catolicos son bien hipocritas.

    Si me puedo dar el tupe de opinar sobre un medio ajeno al personal...es sobre el salteño, por motivos que no vienen a caso comentar.

    ...pero vamos ! que aparezca algun salteño de pura cepa por aqui y nos la cuente desde su posicion.

    y desde luego...el grueso de los salteños opina como Urtubey. Ni hablar.
  7. Estudiante de Medicina
    Avatar de eelcruba
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    #7
    Lo que tengo entendido es lo siguiente:

    Si bien el fallo sienta un importantísimo antecedente, las resoluciones de la Corte no son de aplicación obligatoria en la Argentina y en algunos temas sensibles las diferencias jurisprudenciales entre distintas salas se hacen manifiestas. La Corte, como última instancia, adelantó cuál será su criterio para todos los casos que lleguen a su órbita, aunque lo que se busca es no judicializar este tipo de conductas.

    En este caso, la Corte se limitó a precisar la interpretación que debe dársele al Código Penal, donde ya están legislados los abortos "no punibles" para los casos de violación. Es por ello que no haría falta una modificación legislativa para que la aplicación del criterio del máximo tribunal sea operativo.
    En fallo histórico, la Corte consideró "no punible" el aborto tras una violación – Infobae.com

    El código penal sigue vigente.
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  8. Avatar de Pablinius
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    #8
    Y sigue. Parece que no era tan facil despues de todo

    La Pampa anunció que no adherirá el fallo de la Corte sobre aborto no punible
  9. Avatar de pablovortixe
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    #9
    Mendoza Idem La Pampa:...

    ya que estoy les dejo algo...

    http://blogs.elpais.com/pamplinas/20...es-ilegal.html
  10. Estudiante de Medicina
    Avatar de eelcruba
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    #10
    Citar Originalmente publicado por pablovortixe Ver post
    Culturalmente los salteños, como buenos catolicos son bien hipocritas.

    Si me puedo dar el tupe de opinar sobre un medio ajeno al personal...es sobre el salteño, por motivos que no vienen a caso comentar.

    ...pero vamos ! que aparezca algun salteño de pura cepa por aqui y nos la cuente desde su posicion.

    y desde luego...el grueso de los salteños opina como Urtubey. Ni hablar.
    ¿"como buenos católicos son bien hipócritas"?, ¿"salteños de pura cepa"?
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    #11

    Cuáles son las provincias que adhirieron

    Varios gobiernos provinciales ya anunciaron que actuarán en sintonía con la resolución de la Corte Suprema. Un grupo importante aún no hizo pública su postura y son pocas las regiones que expresaron su rechazo a la sentencia, entre ellas Salta, que adoptó una posición media



    La resolución del Máximo Tribunal, que despenalizó el aborto en los casos en que el embarazo haya sido consecuencia de una violación, abrió un encendido debate nacional y a lo largo del país hay posturas dispares.

    A favor del aborto no punible en caso de violación, que se podrá realizar sin autorización judicial previa, se manifestaron las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y, por supuesto, Chubut, donde se dio el caso que dio lugar al pronunciamiento de la Corte.

    A este grupo acaba de sumarse La Pampa, cuyo gobernador, Oscar Mario Jorge (PJ), anunció hoy que la provincia acatará el fallo de la Corte Suprema; de esta manera, el funcionario desestimó expresiones contrarias que días antes había formulado su ministro de salud.

    En tanto, la primera provincia que se mostró abiertamente en contra de la resolución sobre el aborto no punible fue Salta, donde Juan Manuel Urtubey aseguró que los hospitales sólo interrumpirían los embarazos "si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez".

    Luego el gobernador salteño no se mostró tan inflexible y firmó una resolución para que se implemente el protocolo de aplicación, pero señaló que el pedido de aborto "se considerará autorizado contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada" que deberá ser realizada "con la asistencia del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces, según corresponda".

    Otra provincia que tomó una postura contraria fue Mendoza, donde el gobernador Paco Pérez expresó su rechazo a la decisión del Máximo Tribunal. De todos modos, allí la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución que solicita al Ejecutivo provincial el dictado de los protocolos hospitalarios necesarios para atender casos de abortos no punibles y dar asistencia integral a las víctimas.

    En tanto, hay un grupo sin definición clara: en San Juan, Formosa, Chaco, Jujuy, Tucumán, San Luis, Entre Rios, Santa Cruz, Corrientes, Santa Fe y Río Negro hubo opiniones dispares entre funcionarios de salud y gobernadores, pero estos últimos todavía no se pronunciaron oficialmente.

    En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un protocolo, pero limita el derecho al aborto en caso de violación a mujeres con discapacidad mental.

    Fuente: Cuáles son las provincias que adhirieron al aborto "no punible" de la Corte – Infobae.com

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