Nueva York, 5 dic (EFE).- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que las fuerzas de seguridad de China entorpecen la respuesta del país asiático a la epidemia de sida que sufre, impidiendo el acceso de los consumidores de drogas a los tratamientos asistenciales del Gobierno.

"Están apartando a los drogodependientes de los centros de prevención y les niegan el acceso a los tratamientos contra el sida", aseguró hoy HRW en su informe "El círculo irrompible: drogodependencia, reclusión y sida en la provincia china de Guangxi".


La región autónoma de Guangxi, situada en el sur de China, cerca de la frontera con Vietnam, tiene 49 millones de habitantes, y es considerada como una "zona caliente" para el consumo de drogas. Además, es la región del país con la tercera tasa más alta de sida.


Aunque China ha recibido elogios por su agresiva respuesta a la epidemia de esta enfermedad en los últimos años, la ONG se muestra muy crítica en el informe con el tratamiento que reciben los afectados.
Según el director del programa de VIH/sida y Derechos Humanos de la organización, Joe Amon, "el Gobierno chino ha extendido los programas de asistencia, mientras que la policía, al mismo tiempo, está demorando el acceso de los drogodependientes a esos servicios".


Los datos oficiales del Ejecutivo chino apuntan a que existen entre tres y seis millones de adictos a las drogas en el país, de los cuales cerca de la mitad está infectada con el virus del sida.


Desde el año 2000, China ha creado más de 500 clínicas para ofrecer tratamiento con metadona a drogadictos, que cuentan con capacidad para asistir a 100.000 personas cada una.


"Sin embargo, el Gobierno ha recluido a los pacientes en centros de rehabilitación obligatorios, donde no se les aplica un tratamiento de desintoxicación efectivo y sufren un trato abusivo, inhumano y degradante", denuncia el informe de HRW.


Para esta organización, esta política no sólo fracasa en la prevención del contagio del virus, sino que incluso facilitan su propagación.
"En lugar de recibir tratamiento son trasladados a celdas abarrotadas y golpeados, y se les niega asistencia médica. Y, por si fuera poco, a sus familias se les obliga a pagar por la 'terapia' que reciben", aseguró Amon.
El documento de HRW pide que se acabe con la política de reclusión en centros de desintoxicación obligatorios y aboga por la expansión de los esfuerzos comunitarios de prevención como la manera más efectiva de combatir la epidemia del sida en China.


Además, la organización hace un llamamiento a Naciones Unidas para que apoye los esfuerzos de reforma de las leyes que regulan el uso de estupefacientes y para que defienda los derechos de libertad de expresión, información, reunión y asociación de los afectados por el virus en ese país.


"El fracaso del Gobierno chino para asegurar que los drogodependientes retenidos reciban un tratamiento efectivo viola sus derechos, contribuye a su muerte y pone en peligro el éxito de los objetivos del país en cuanto al VIH", dijo Amon.


En China, el uso de drogas ilícitas está tipificado como un delito administrativo y las leyes establecen que sus consumidores deben ser rehabilitados obligatoriamente en centros estatales, donde pueden estar recluidos hasta seis años.

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