Entrevistamos a Tamara Tenenbaum, asistente de proyectos de abogacía por los derechos de las mujeres en Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.

Tamara, contanos cuál es tu formación académica y donde trabajás.

Yo estudié Filosofía (estoy a unos exámenes de recibirme) y desde los inicios de mi carrera empecé a formarme en temas de bioética, la rama de la filosofía que investiga los dilemas éticos que nos plantean “la vida”, el cuerpo y el desarrollo de las ciencias. Comencé trabajando esos problemas con la especialista Florencia Luna, y me terminé volcando más a las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer, no restringido a la bioética sino abarcando todas las políticas públicas en relación con el empoderamiento femenino. Empecé a investigar en esa área con abogados y profesionales de las ciencias sociales y así llegué a trabajar a FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer), la ONG feminista más antigua del país (fundada en 1989) y una de las más grandes.

¿Qué son las políticas de género? ¿Cuáles se están desarrollando en nuestro país?

Más que de políticas de género hoy en día se habla de una “perspectiva de género”: esto es, la idea de que todas las políticas públicas impactan distinto en varones y mujeres (o en los grupos GLTTBI, Gays, Lesbianas, Travestis, Transexuales y Bisexuales), que ciertos problemas y situaciones afectan más frecuentemente a las personas que se identifican con cierto género y que las soluciones que se implementen tienen que tener en cuenta estos datos.

Un ejemplo interesante en este sentido, y en el cual nuestro país ha sido muy exitoso, son las políticas dirigidas a la atención y prevención del VIH/SIDA. Mientras que en Africa el SIDA es ante todo un problema de mujeres, en Argentina, como en la mayor parte de Latinoamérica, la amplia mayoría de los infectados son hombres, dentro de los cuales es relevante el grupo que se encuentra bajo la categoría “hombres que tienen sexo con hombres” (que, por una deficiencia en la precisión de las estadísticas, incluye no solo a la comunidad gay sino a la trans también, que implica un alto número de trabajadoras sexuales). En los últimos años las políticas han tomado en cuenta esta realidad a través de diversos programas: consultorios “amigables” para la diversidad sexual (con personal capacitado y sensibilizado en el tratamiento de esta población), publicidad en formatos y espacios que tengan mayor llegada a grupos tradicionalmente ignorados como las trabajadoras sexuales, etcétera.

Otro caso de una aplicación de la perspectiva de género (más novedoso y mucho menos desarrollado) en nuestro país es en la cuestión de la violencia contra las mujeres. Si bien en Argentina, como en todo el mundo, la mayoría de las víctimas de delitos violentos son cometidos contra hombres (la mayoría de los asesinatos, por ejemplo), ciertos tipos de violencia, como la violencia sexual o la violencia doméstica (sea física o psicológica) son cometidas mucho más frecuentemente contra mujeres y tienen características especiales que requieren un tratamiento diferente: comisarías especiales (las llamadas “Comisarías de la Mujer”, donde hay personal femenino especialmente capacitado para tomar las denuncias de forma menos traumática), refugios para las víctimas de violencia doméstica (hay poquísimos en el país), campañas de concientización y sensibilización para que las víctimas o familiares de estos delitos de los que todavía es tan difícil charlar se acerquen a pedir ayuda.

El otro caso clásico es el de los derechos sexuales y reproductivos, que al igual que el de VIH/SIDA está muy desarrollado en el país a través de diversas leyes y programas, como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, entre los más importantes. Después existen algunas otras iniciativas aisladas, como la aplicación de una perspectiva de género a las políticas de empleo para corregir las diversas desigualdades que todavía tenemos en la Argentina en este sentido (salariales, desigualdad en la insidencia del desemplo y de la precarización), pero son mucho más incipientes.

¿Qué son y cuál es la importancia de los derechos sexuales y reproductivos?

Los derechos sexuales y reproductivos implican: el derecho a decidir si, cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales sin ninguna coerción ni violencia, el derecho a decidir si, cuándo y cuántos hijos tener, el derecho a tener educación sexual para tomar decisiones lo más informadas posibles y el derecho a alcanzar la mayor salud sexual y reproductiva posible, accediendo a los mejores métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual que estén disponibles.

La importancia de estos derechos es crucial particularmente para las mujeres (aunque es importantísima para todos). Solo ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos una mujer puede tomar verdadero control de su vida y decidir libremente. Una mujer a la que se le niegan estos derechos no solo no decide sobre su salud sexual: no decide sobre nada. No decide sobre su educación, sobre su trabajo, sobre su pareja, sobre su familia, sobre sus tareas en el hogar, sobre su vida social. Los derechos sexuales y reproductivos son una precondición de cualquier libertad para las mujeres y por eso deben ser una prioridad en un Estado democrático. No son un asunto menor ni de minorías.

En cuánto a los derechos de mujeres y niñas, ¿cuáles considerás que son más ignorados en nuestro país? ¿Cuáles son las prioridades en la defensa y promoción de derechos de mujeres y niñas?

Es una pregunta compleja. Casi todos los temas en nuestro país, con la excepción del acceso al aborto seguro, han sido tratados en los últimos años: acceso a anticonceptivos, prevención y tratamiento de ITS, educación sexual en las escuelas, eliminación de todas las formas de violencia, la trata de personas. Todos estos temas han sido debatidos y en relación con todos tenemos leyes muy buenas: la Ley 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, por ejemplo, manda la entrega gratuita de anticonceptivos para toda persona que lo solicite. Eso es prácticamente único en el mundo, son muy pocos los países que garantizan todas las prestaciones garantizadas aquí. La Ley 26485, que se ocupa de la violencia de género, incluye todas las formas de violencia, no solo la física, de forma muy clara. Los problemas en la Argentina en general tienen que ver con la implementación de estas leyes, por dos razones. En primer lugar, el federalismo: muchas provincias no “adhieren” a las leyes nacionales (técnicamente el federalismo no debería permitirle a una provincia incumplir una ley nacional, en los hechos es lo que sucede) o las cumplen de forma muy insuficiente, y no es fácil controlarlas. En segundo lugar, el presupuesto: más allá de las leyes existentes, la voluntad política de que una norma se aplique o no se ve claramente en la cantidad de dinero destinada a la ejecución de programas, y en el gasto final de ese dinero (que no termine subejecutado, es decir, “subgastado”, por falta de desarrollo de programas). Estos dos factores son responsables de una aplicación insuficiente de la Ley de Salud Sexual y una casi nula de la Ley de Educación Sexual Integral. La corrección de estas deficiencias debe, sin duda, ser prioritaria.

Las dos deudas más importantes, sin embargo, creo que tienen que ver con la legalización del aborto y el problema de la trata. La razón de mortalidad materna en Argentina está estancada hace décadas, y dada la mejora en la calidad de vida que obviamente sí se ve en otros indicadores de salud, este indicador solo se explica por la cantidad inamovible de muertes en abortos clandestinos. Se estima que en la Argentina se realizan 500.000 abortos clandestinos por año. No todos terminan en muerte, claro, pero la mayoría son riesgosos, y muchos de ellos terminan, no en fallecimientos, pero sí en complicaciones de salud (como la esterilidad) muy lamentables para la mujer. Dados estos números, la discusión es urgente, y en la Argentina está prácticamente clausurada. En relación con la trata de niñas y mujeres, que también mueve millones en la Argentina, estamos aún más atrasados, dado que es un problema que tiene raíces en la corrupción de los altos funcionarios y las fuerzas policiales, y que solo puede solucionarse tocando estos poderosísimos intereses. Si bien creo que la discusión sobre el aborto va a abrirse en los próximos años y que en menos de una década lo tendremos despenalizado, la situación de la trata se ve mucho más desesperanzadora.

En tu opinión, ¿cuál debería ser el rol de los profesionales de la salud en relación a los derechos de las mujeres?

La pregunta es interesante: la militancia feminista, en mi opinión, tiene la particularidad de poner en escena contextos no tradicionalmente políticos, mostrar cómo las decisiones que tomamos en espacios pensados como “privados” (la casa, el dormitorio, el consultorio) son también políticas y afectan los derechos de las mujeres. Por eso creo que, más allá de aquellos médicos o médicas que decidan comprometerse más activamente en la militancia (a través de la gestión pública, las ONGs o las asociaciones profesionales), es valiosísimo el aporte que puede hacer cada uno y cada una desde el trato en su consultorio hacia sus pacientes: cuidarse de no ser prejuicioso/a ni paternalista con el estilo de vida del/ de la paciente (esto va particularmente para ginecólogos o ginecólogas), de no hacer chistes o comentarios ofensivos, de no reproducir e imponer modelos de femineidad. Parecen cuidados minúsculos, pero no hay que olvidar que en el contexto de consultorio todo lo que un médico o médica dice está rodeado de un aura de autoridad, de poder: cada mínimo chiste o condicionamiento afecta el doble a quien lo recibe. Otra cosa con la que los médicos y médicas tienen que estar atentos es con la detección de señales de violencia: las mujeres que son agredidas o violadas por sus propias parejas, por ejemplo, suelen inventar excusas u ocultar sus heridas, pero los médicos y médicas tienen un acceso privilegiado a estos signos (lo mismo con los niños y niñas). Lo ideal es que los médicos y médicas se informen y capaciten sobre cómo manejar este tipo de situaciones, aún si no a través de cursos formales sino de lectura y actualización constante sobre los recursos institucionales disponibles, en especial si son pediatras o ginecólogos o ginecólogas.

En FEIM, ¿qué actividades se realizan en relación al sector salud y quiénes participan?

A través de los años en FEIM se desarrollaron muchísimos proyectos en relación con la salud sexual y reproductiva: investigación, monitoreo de políticas públicas, difusión de información, capacitación para la educación sexual, campañas de sensibilización. Estos proyectos se realizan en red con otras organizaciones en todo el país. Uno particularmente interesante en relación con estas redes fue el CoNDeRS, Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales: aprovechando el armado de una red lo suficientemente grande de organizaciones se recolectó y centralizó muchísima información de primera mano, que permitió realizar diagnósticos periódicos muy confiables sobre el estado de la salud sexual y reproductiva en Argentina y acciones de exigibilidad en los casos en que las leyes no se cumplían (pedidos de información, amparos). El proyecto había terminado cuando yo llegué a FEIM pero los datos son relativamente actuales y, la verdad, sigue siendo una de las fuentes más claras, mejor relevadas y más específicas que tenemos cada vez que, para presentar algún programa, tenemos que dar un diagnóstico. Otro proyecto interesante que sí continúa hoy día es la RedNac, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva. Esta red reúne a muchas organizaciones de jóvenes y adolescentes en todo el país y los capacita bajo el principio (que viene dando muy buenos resultados) de que la educación entre pares es particularmente efectiva en este grupo etario. Se les proveen capacitaciones sobre diversos temas, materiales y recursos para asistirlos en sus tareas de educación y prevención.

Médicos y médicas participan de estas actividades como consultores, expertos, capacitadores e investigadores. La mayoría de las veces las acciones son llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios que integran profesionales de la medicina, psicólogos, profesionales de las ciencias sociales, abogados y muchas otras áreas. No obstante, en lo que es el trabajo de campo, en general se trata de activistas de la sociedad civil, muchas veces muy jóvenes o con poca educación formal en la temática, cuyo rol es importantísimo. Creo que por eso también el lugar de los médicos como permanentes asesores, consejeros y capacitadores de esta “mano de obra” es clave.

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