Ya hemos considerado algunos problemas con las leyes de patentes, y las dificultades que pueden generar en el comercio internacional. Con el fin de homogeneizar las leyes de patentes entre los países miembros de la WTO se firmó el TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Si bien el acuerdo va más allá de la industria farmacéutica, existen algunos conflictos entre los intereses de éstas y el interés social del uso de nueva tecnología biomédica.




En el aspecto de la industria de los medicamentos, TRIPS intenta buscar un punto de equilibrio. Equilibrio entre el incentivar la investigación, y el desarrollo científico y tecnológico mediante la protección de la propiedad intelectual, y la posibilidad de obtener una utilidad social inmediata a través del uso de la tecnología nueva ya existente. El conflicto es entre el largo y el corto plazo. Entre fomentar la generación de nueva tecnología mediante la protección de la propiedad intelectual y permitir el uso de las nuevas tecnologías en el corto plazo cuando estas tienen gran utilidad social.

TRIPS establece que los países adherentes deben garantizar la propiedad intelectual de nuevos productos y procesos por al menos veinte años. Pero permite a los miembros excluir de los inventos patentables a los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en medicina. Permite también la exclusión de inventos cuya explotación comercial puede ser de riesgo para la salud pública. La decisión queda en manos de cada país. Eso si: al patentarse el invento, debe hacerse público su diseño y aplicación, permitiendo así que otros utilicen la tecnología con fines de mejorarla o desarrollar nuevos inventos.

Pero aún dentro de la obligación de garantizar la patente por al menos veinte años, permite cierta medida de flexibilidad en ciertas situaciones. Para empezar, autoriza a los gobiernos de estados adherentes a actuar en caso de que los beneficiarios de una patente se abusen de ésta explotándola en formas anti-competitivas que sirvan para restringir el comercio o entorpecer la diseminación internacional de la nueva tecnología. Además, los adherentes pueden permitir ‘excepciones’ a los derechos exclusivos que confiere una patente, siempre y cuando no este en abierto conflicto con la explotación normal de una patente. Bajo esta provisión, algunos países permiten la investigación con y sobre la nueva tecnología, para mejorar el conocimiento que se tiene acerca del mismo. Otros la utilizan para permitir que las industrias productoras de medicamentos genéricos obtengan la autorización para comercializar las nuevas especialidades, permitiendo el montaje de la línea de producción, para que en cuanto la patente venza, ya pueda haber genéricos en el mercado. Esta última se denomina ‘Provisión Bolar’, y aunque generó conflictos, se consideró que la medida no estaba en conflicto con TRIPS.

TRIPS permite también el ‘compulsive licensing’: esto es, autoriza a la asignación de licencias para la explotación comercial a terceros, aun sin la debida autorización del beneficiario de una patente. Pero solo en ciertos casos, como sean emergencias nacionales, momentos de extrema necesidad, o para uso público no-comercial (para uso gubernamental). Pero por lo general, para que sea legítima la licencia compulsiva, el beneficiario de la misma debe haber primero intentado obtenerla por negociación con el beneficiario de la patente. Además, los productos producidos bajo esta licencia deben ser primordialmente para el abastecimiento del mercado interno, y debe fijarse un monto de regalías a pagarse al beneficiario de la patente.

Algunos de los puntos conflictivos entre TRIPS y la salud pública fueron aclarados en la Declaración de Doha del año 2001. Establece como misión de la misma declarar que el TRIPS de ninguna forma debería impedir que los países adherentes tomen medidas de protección de la salud pública, y permite la máxima flexibilidad en la interpretación del tratado original para estos fines. Explícitamente permite el uso de licencias compulsivas para la producción de medicamentos, y autoriza a la exportación de medicamentos producidos bajo estas licencias a países donde no haya producción, o la producción no baste para suplir sus mercados en una práctica conocida como ‘importación paralela’. Paralela, debido a que se importarían dos productos: el del beneficiario de la patente, y el del genérico producido bajo la licencia compulsiva creando, hasta cierto punto una ‘competencia desleal’.

En fin: TRIPS, redactado en 1995, y la Declaración de Doha buscan imponer un modelo para homogeneizar las leyes de patentes y favorecer la creación tecnológica mediante la protección de la propiedad intelectual. Pero dejan en claro que nunca será a expensas de la salud pública en los países adherentes, estableciendo flexibilidad operativa y excepciones bajo las cuales las patentes pueden ser ‘violadas’. El resto depende de cada país. Algunos buscaran que TRIPS se respete a rajatabla, y serán incluso más benévolos con los beneficiarios de patentes. Pero las necesidades de salud de los países en desarrollo dictan que toda flexibilidad debe explotarse al máximo, ya sea para minimizar los gastos en salud (lo que maximiza la inversión) y para garantizar el acceso equitativo a la tecnología en salud para todos. En fin: Doha y Alma-Ata no parecen tan disociadas, a pesar de originarse de organizaciones con fines a veces considerados contrapuestos.

Martín Carreras
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