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El derecho a la salud de los inmigrantes

El derecho a la salud de los inmigrantes

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    El derecho a la salud de los inmigrantes

    Desde siempre, Argentina fue un país receptor de corrientes migratorias, que arriban al país en busca de mejores condiciones de vida, las que no todos logran alcanzar. Independientemente de la situación de cada uno de los inmigrantes, surge la inquietud sobre lo que sucede con su derecho a la salud y sus posibilidades de acceso a ella.
    Este artículo responde esos interrogantes, adentrándose especialmente en las garantías que las normas ofrecen en materia sanitaria “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.



    Según el censo de 2010, viven en nuestro país casi dos millones de extranjeros, muchos de los cuales cuentan con obra social o un plan de salud pago, debido a su mejor situación económica. Sin embargo, la mayoría de ellos, por su limitado acceso a empleos que cumplan con las disposiciones laborales vigentes, carecen de cobertura.
    De todas formas, el derecho a la salud en Argentina está garantizado por la última ley migratoria, que data de 2004 y obliga a los centros asistenciales a atender a quienes concurran a ellos, aunque se trate de extranjeros indocumentados.
    Así lo establece el artículo 8 de la Ley de Migraciones: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.
    Antes de la entrada en vigencia de esta ley, existieron dos normas migratorias de alcance nacional, que también abordaron el tema de la salud de los inmigrantes.

    La primera de ellas, conocida como Ley Avellaneda, promovió la llegada de europeos, ofreciéndoles los mismos derechos civiles que a los argentinos. Sus prescripciones alcanzaron a los más de dos millones de extranjeros que arribaron a Argentina entre 1880 y 1930. Esta ley estuvo vigente durante más de cien años.
    Los gobiernos de facto la modificaron en diversas oportunidades, mediante decretos que restringieron los derechos de los inmigrantes, hasta que se reglamentó una nueva ley que promovía “la inmigración de extranjeros cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”. En el marco de estas restricciones, la norma autorizó las detenciones administrativas (sin intervención de juez), y obligó a las instituciones hospitalarias y asistenciales a denunciar ante la autoridad migratoria, dentro de un plazo de veinticuatro horas, a los extranjeros que no tuvieran constancia de “permanencia legal” en el país.
    A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Migraciones, esta situación se modificó y las autoridades de los establecimientos sanitarios deben brindar orientación y asesoramiento a los extranjeros, respecto de los trámites para subsanar la irregularidad migratoria, pero de ninguna manera pueden negarse a atenderlos.

    Si bien las instituciones sanitarias poseen sus propios reglamentos y muchas requieren un número de DNI para asignar un turno médico, es preciso que las autoridades de las mismas tengan en cuenta que las disposiciones de una ley son más importantes que las de la institución, por lo que estas no deberían obstaculizar el acceso a la atención de los inmigrantes.
    Si la institución sanitaria exige demostrar la identidad, la ley dispone que la documentación del país de origen es suficiente, eliminando de esta forma las restricciones anteriores y ofreciendo las garantías necesarias para que todos los que elijan habitar nuestro suelo sientan protegida su salud.

    Equipo editorial de Mancia.org


    Fuente:


    http://www.unicef.org/argentina/span..._efectores.pdf
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  2. Los siguientes usuarios agradecen a Editoriales por haber posteado información muy útil:

    Marcis (20-Feb-2015)

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