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Ley de muerte digna en Argentina

Ley de muerte digna en Argentina

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    Ley de muerte digna en Argentina

    Desde hace casi dos años, la legislación argentina incorporó una de las normas de mayor impacto en las decisiones por adoptar ante la aparición de una enfermedad irreversible. Este artículo describe esta ley que busca garantizar el respeto por la voluntad de las personas sobre los tratamientos a los cuales desean someterse.




    La aparición de enfermedades irreversibles suele someter a los pacientes a dolorosos procedimientos, cuyo único fin es el de prolongar la vida.
    Para alivio de decenas de enfermos y de familiares de personas en esa situación, en mayo de 2012 se reglamentó la Ley de Muerte Digna, que les otorga el derecho de decidir la aceptación o el rechazo de esas prácticas.
    El concepto de muerte digna al que hace referencia la ley es el de rechazo a la aplicación de procedimientos, cuando sean desproporcionados con relación a la mejoría en la enfermedad, o cuando produzcan un sufrimiento intolerable.


    Además, el paciente tiene derecho a negarse también a las prácticas de hidratación o rehabilitación, si el único efecto de estas es el de extender su vida.

    En su artículo primero, la norma reconoce también ese derecho a los menores, al expresar que los niños, las niñas y los adolescentes pueden intervenir, a los fines de decidir sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos, que involucren su vida o su salud.

    Mientras el tema es todavía materia de debate en la comunidad religiosa y de revisión de los principios bioéticos que rigen la práctica médica, los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo a las normas de esa ley ya no tendrán responsabilidad penal, administrativa o civil.
    Sin embargo, la negativa del paciente a recibir tratamientos no significa la interrupción de las acciones que alivien su sufrimiento o las necesarias para un adecuado control.

    Ante una situación de esta naturaleza, los profesionales deben acatar la voluntad y las directivas del paciente, excepto que estas impliquen el desarrollo de procedimientos de eutanasia, en cuyo caso deberán considerar esas directivas como inexistentes.
    En este sentido, la ley vigente no incluye la eutanasia, entendida como una acción u omisión que para aliviar el dolor del paciente, acelera su muerte, con o sin consentimiento de este.

    La norma nació de la solicitud interpuesta a los legisladores nacionales, por la madre de una niña que se hallaba en estado vegetativo desde su nacimiento, como consecuencia de una mala praxis. Luego de tres años de lucha, la madre de Camila, la inspiradora de esta ley, logró la autorización para que se le retiren a su hija los soportes vitales y acabar así con su sufrimiento.

    Ahora con la ley, en los casos de enfermedades terminales, cada persona tiene la posibilidad de enfrentarse a la muerte, de acuerdo con sus deseos y su propia voluntad.
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