No sabía si poner esto acá o en la sección de Psiquiatría, así que cualquier cosa, muevanlo y perdón por las molestias!
Resolución en un expediente que lleva casi tres años
La Justicia ordenó al gobierno reparar el Moyano en un año
Una diputada de Pro había impulsado la causa; deberá solucionarlo Macri
A dos años y nueve meses de que la diputada macrista Soledad Acuña radicara un recurso de amparo en defensa de las internas del hospital Braulio Moyano por la existencia de deficiencias edilicias y en la atención brindada, la Justicia obligó al gobierno porteño a presentar en no más de un mes, un cronograma definitivo de obras para encarar "una reparación integral estructural" del neuropsiquiátrico y le otorgó un plazo máximo de un año para ejecutarlas.
La jueza en lo contencioso administrativo y tributario Alejandra Petrella fue más allá y, con el objeto de asegurar que la sentencia se cumpla, instó a las autoridades a incluir en el presupuesto de 2008 las partidas necesarias para financiar tanto la reforma de las instalaciones como la asignación de recursos humanos, que también ordenó.
"Es evidente que el hospital Moyano necesita reforzar su dotación de personal. Las pacientes necesitan más y mejor atención y el edificio necesita contar con más personal de seguridad y mantenimiento", sostuvo la magistrada en un extenso fallo. En ese sentido, fijó un plazo de 30 días para que el director del establecimiento elabore un informe referido a la cantidad de personal requerido y para que el gobierno de la ciudad presente el plan de acción correspondiente para cubrir esos cargos.
Paradójicamente, será el futuro jefe porteño, Mauricio Macri, el que deberá dar cumplimiento a la resolución judicial en una causa iniciada por una funcionaria de su espacio político, en febrero de 2005, cuando Aníbal Ibarra tenía en sus manos la administración, y que continuó durante toda la gestión de Jorge Telerman, sin que ninguno de los dos solucionara la situación de las enfermas del Moyano.
Ayer, Iván Pavlovsky, vocero de Macri, anticipó a LA NACION: "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer en el Moyano. Dentro de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud hay un porcentaje dedicado a mejoras estructurales en todos los hospitales".
En su fallo, Petrella considera que "de todo el proceso surge claramente que la salud mental no ha sido una prioridad del Estado" y que "no hay dudas de que existe una falta de acción concreta por parte del Estado, que lesiona derechos de sólida raigambre constitucional". Y concluye: "Tales derechos deben ser restablecidos. No sólo los derechos de las pacientes internadas, sino el colectivo de derechos de vecinos, que deben contar con un neuropsiquiátrico que cumpla las pautas dadas por la Constitución porteña, la ley básica de salud y la ley de salud mental".
Censo y alternativas
La jueza ordenó, además, al gobierno porteño, realizar, en un plazo de 60 días, un censo de las pacientes internadas y ambulatorias para determinar sus patologías, cuáles tienen alta médica y cuáles alta social.
De la misma manera, para superar el modelo de atención psiquiátrica basado sobre la institucionalización de las enfermas, la magistrada urge al Poder Ejecutivo que ponga en práctica alternativas terapéuticas "necesarias y suficientes para que las pacientes con alta médica pero sin alta social puedan reinsertarse paulatinamente en la sociedad".
"Hace casi tres años empezamos a reclamar por la violación de los derechos humanos de las enfermas y exigimos condiciones de vida dignas para ellas. Tardó, pero nos dieron la razón. Queda el sabor amargo de que los responsables de la situación no sufren ninguna consecuencia", reflexionó la diputada Acuña y reiteró: "Nos queda la responsabilidad a nosotros. Y nos vamos a hacer cargo".
Por su parte, el asesor tutelar de la ciudad, Gustavo Moreno, que custodia los derechos de los menores e incapaces e impulsó el recurso de amparo junto con Acuña, elogió el fallo judicial. "Es muy, muy bueno. Recoge todo lo que pedimos. Lo esperable es que el gobierno reconozca que no viene cumpliendo con las necesidades de infraestructura y de recursos humanos ni con las políticas de salud mental. Hasta ahora sólo el director y los médicos mostraron voluntad para cambiar", detalló.
Pese al requerimiento de LA NACION, en el Ministerio de Salud de la ciudad, hoy a cargo de Alberto de Micheli, no efectuaron declaraciones.
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No puedo creer lo mal que esta, nunca se me ocurrio que iba a estar asi. 





