Me pareción interesante compartir la noticia, para que estemos todos al tanto del ámbito donde nos vamos a insertar. Sé que es largo, pero es llevadera.
Es del día de ayer: 03/08/08
el caos que expuso el caso del anestesista de haedo
La falta de control sobre los médicos pone en riesgo el sistema de salud
El 50 por ciento de las matrículas son irregulares. Un 40 por ciento de los especialistas no hicieron la residencia. El 70 por ciento del staff de las clínicas privadas no tiene certificación. Estos son sólo algunas de las consecuencias que generan la ausencia de registros unificados entre todas las provincias y los pocos obstáculos que ponen las clínicas para constatar la formación de su personal. Las áreas más críticas son cardiología, cirugía plástica y anestesiología. Todas las organizaciones del sector reconocen la anarquía. También lo hizo el Ministerio de Salud en una resolución de reciente publicación.
Desde los médicos brujos y el naturalismo de Hipócrates hasta la hiper-especialización de la ciencia médica actual han pasado unos 2.500 años. En la Argentina, sin embargo, el paso del tiempo no ha logrado establecer reglas claras para las prácticas de curación, los lugares en dónde se llevan a cabo y, fundamentalmente, sobre quiénes las realizan. Médicos sin matrícula, médicos con sentencias penales pero que aún no fueron inhabilitados, profesionales con escasa capacitación y clínicos que ejercen de especialistas son situaciones tan habituales como la gripe en invierno. Para los mismos médicos el estado es de “anarquía”, mientras “las autoridades miran para el otro lado”.
La reciente muerte en Haedo de la joven Eliana Romero a manos del supuesto anestesista Luis Romero Hiriart es la punta del iceberg de un sistema de salud que evidencia una grave enfermedad. Colegios de médicos, autoridades de hospitales, academias de medicina y asociaciones de clínicas reconocieron a PERFIL la carencia de un sistema de control eficiente sobre quiénes tienen a cargo la salud de las personas.
El mal diagnóstico comienza en la formación de los profesionales, cuando los alumnos aprenden a ser médicos en instituciones muchas veces no avaladas por el Estado y tienen serias dificultades para realizar las
residencias, primer paso hacia una especialización. Con sus títulos bajo el brazo se matriculan en el colegio médico de la provincia en donde se disponen a ejercer, si es que existe alguno. Allí empieza el problema: la falta de control.
Abundan historias que lo demuestran. La de Romero Hiriart es una de ellas. El médico ejercía en Santa Fe una especialización sin autorización hasta que la muerte de uno de sus pacientes lo obligó a radicarse en Santiago del Estero. Después abandonó Santiago por una denuncia de mala praxis, y se radicó en el Conurbano. Allí era anestesista sin tener habilitación, hasta la muerte de Romero, en junio pasado.
Pero el problema es mayor porque no se trata de un hecho aislado. La Academia Nacional de Medicina (ANM) reveló a PERFIL que sólo 2.300 de los 4.000 médicos que se reciben por año en el país logran hacer la
residencia. El resto se queda sin esa posibilidad. “Generalmente consiguen empleo como médicos de ambulancia, internos en clínicas o como empleados en instituciones secundarias del Conurbano. Son mano de obra barata, pero sin experiencia clínica. Sólo cuentan con la teoría y se manejan como pueden. Se hacen solos. Esa es la situación real, y es un peligro”, advierte Oscar Aguilar, director del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos.
Víctor Vassaro, titular de la Sociedad de Cirugía Plástica y especialista en certificación, hace un diagnóstico apenas más optimista, aunque con una salvedad: según él, de los 4.000 graduados sólo 30% hace la
residencia, mientras 40% hace presenciales. El resto no hace nada. “Hay un porcentaje que queda a la deriva, que luego se especializa en lo más fácil, y no hay control de eso”. La
residencia no es obligatoria para ejercer de médico, pero sí para obtener el título oficial de especialista. Vassaro ejemplificó con su profesión: ejercen la cirugía plástica al menos 1.500 personas, “aunque sólo 1.000 tienen la especialización oficialmente reconocida”.
El dato refleja el descontrol en el ejercicio de las especialidades médicas, pero también la desconfianza que existe entre los profesionales por los títulos oficiales. Al menos 20 de las 67 especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud cuenta con sociedades que agrupan y certifican a sus miembros en forma periódica y voluntaria. Es una forma que tiene la comunidad médica para demostrarles a los pacientes que se capacitan, en un contexto en donde el 50% de los médicos no realiza cursos de postgrado ni participan de congresos.
Si bien no tienen capacidad punitiva ante casos graves, las certificaciones son garantía de idoneidad y ética, considera Hugo Arce, titular del Instituto para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Para el medico sanitarista, surgen porque “no existe suficiente ordenamiento por parte del Ministerio de Salud respecto de tareas de fiscalización en el ejercicio de su poder de policía. Hay una anarquía jurídica muy grande”.
Las certificaciones. Para los médicos, la certificación por medio de las sociedades profesionales está dando resultado, y recuerdan el caso de José María Roldán Bonadeo, cuando en el año 2000 se descubrió que no estaba recibido pese a haber trabajado treinta años en el Instituto del Diagnóstico. Roldán Bonadeo se desempeñaba como jefe de Hemoterapia del prestigioso centro de salud porteño y tenía una larga carrera en otros centros de salud. Había logrado eludir las inspecciones y destacarse entre sus pares de la Sociedad Argentina de Hemoterapia, donde llegó a ejercer la presidencia. La matrícula que utilizaba correspondía a un médico de La Plata.
Entre las sociedades de médicos, “caos” y “descontrol” son las palabras más utilizadas para describir la situación actual de la matriculación. Por el carácter federal del país se otorgó a los colegios médicos provinciales la potestad para entregar o quitar matrículas, aunque sólo once distritos cuentan con instituciones con poder de policía. En el resto, son las carteras sanitarias las encargadas de habilitar y controlar a los graduados.
“El problema es la ausencia de control del Estado en el sector público y en el privado. Casos como el de Haedo son más frecuentes de lo que imaginamos. A veces a algunos dueños de clínicas les alcanza con poner a alguien con un guardapolvo a cargo de un servicio, nadie sabe si es especialista o no”, advierte la presidenta del Colegio Argentina de Terapia Intensiva, Viviana Wolanow.
La falta de un registro único de clínicos y especialistas no sólo imposibilita saber quién tiene qué especialización: “Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos médicos ejercen”, afirma Arce.
Otros de los vicios del sistema de matriculación es la necesidad de tener la licencia en cada provincia en la que el médico desee trabajar. “Hay demasiada confianza entre registros. Cuando llega un médico de otra provincia se le otorga el registro local sin tantos requisitos”, reconocieron a este diario desde la Confederación General de Profesionales, que dirige Raúl Magariños.
En uno de los casos más resonantes y graves de los últimos tiempos, fue la “confianza” entre el colegio de La Plata y su par de Avellaneda, la que permitió que un hombre realizara unas 500 cirugías cardiovasculares antes de ser descubierto su falso título. Francisco Rolando Biasco fue investigado a raíz de una denuncia anónima, y había actuado en una decena de hospitales públicos de la provincia. “Nos sorprendió porque se trataba de alguien con una trayectoria muy destacada, pero no podíamos obviar lo que correspondía hacer: llamar a la UBA”, explicó el colegio de La Plata días después de la denuncia.
También en los privados. La migración que se registró en los últimos quince años desde los sistemas de salud sindical y pública hacia el sector privado no se dio precisamente por un tema de matriculación: el descontrol y la negligencia estatal son parte del funcionamiento cotidiano de ambos sistemas. Aguilar, del Consejo de Certificación, denunció en diálogo con PERFIL que “la mayoría de las prepagas no exigen la certificación de sus médicos. Sólo logramos que una lo haga, pero en otros casos nos han dicho que no pueden hacerlo porque sólo 30% está certificado, entonces se preguntan qué hacen con el 70% que no lo está”.
Las inspecciones oficiales en las 2.000 clínicas privadas chicas que se estiman existen en la Argentina son infrecuentes. Sin embargo, las entidades que las agrupan afirman hacer lo que el Estado no. Laura Rodríguez, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) asegura que “en todos los casos se exige el titulo original, una copia certificada, el título de especialista y el seguro de mala praxis”. Las pautas son obligatorias para las 240 instituciones que representan Adecra, aunque otras 500 no son parte de ninguna asociación ni tienen requisitos para cumplir.
El sistema público también “es caótico en muchos aspectos”, señala el jefe de servicio de emergencia de un hospital estatal del Conurbano, quien solicitó reserva de su nombre. “Así como no hay infraestructura, faltan recursos edilicios y materiales, también a nivel humano es un gran descontrol”, sostiene. Su descripción es similar a la de un colega porteño: la sobrecarga de trabajo, los bajos sueldos y la carencia de personal hacen que los controles sean escasos. “Es probable que tenga más celo en analizar al médico la compañía de seguros que el director de una clínica”, graficó una de las fuentes.
Ante todas estas problemáticas irresueltas, el Ministerio de Salud emitió en mayo pasado la resolución 404, en la que reconoció algunos de estos inconvenientes: “La necesidad de imponer un nuevo modelo de credencial”, y la importancia de reformar los “registros defectuosos” que otorgan las provincias y las entidades profesionales. Pero por ahora parece una medida limitada para afrontar la situación de descontrol en la que se encuentran los 500 mil médicos y técnicos que hay en el país.